Panamá debe avanzar hacia el cumplimiento de los estándares fiscales internacionales, pero sin poner en riesgo su competitividad como centro regional de negocios, advirtió la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), en el que analiza el alcance del proyecto de Ley No. 641 sobre el régimen de sustancia económica para rentas pasivas de fuente extranjera.
Según el gremio, la iniciativa responde a un objetivo “legítimo y necesario”, alineado con las exigencias de la economía global y las mejores prácticas internacionales y respaldaron los esfuerzos para fortalecer la reputación fiscal del país y avanzar hacia la exclusión de Panamá de listas internacionales que afectan su imagen y competitividad.
No obstante, el organismo advirtió que el proceso debe desarrollarse “con equilibrio, técnica y visión integral”, evitando que las nuevas disposiciones generen cargas excesivas, duplicidades regulatorias o incertidumbre jurídica para las empresas que operan de manera legítima en el país.
“El cumplimiento no debe significar perder competitividad, transparencia ni capacidad de atracción extranjera”, señaló Aurelio Barría Pino, presidente del gremio, en el artículo, al destacar que Panamá ha consolidado durante décadas una plataforma regional de servicios, logística, comercio e inversión internacional.
La Cámara aclaró que su posición no es de oposición al proyecto, sino de construcción y diálogo. En ese sentido, propuso que el régimen de sustancia económica contemple reglas proporcionales, criterios objetivos, una implementación gradual y coordinación entre las instituciones involucradas.
Además, el gremio considera necesario reconocer aquellos sectores y regímenes que ya están sometidos a exigencias de supervisión y cumplimiento, con el fin de evitar duplicidades que, a su juicio, no aportarían valor adicional en materia de transparencia fiscal.
En relación con la marina mercante, la Cciap destacó positivamente la disposición para excluir a este sector del alcance del proyecto de ley. Para el gremio, esta apertura demuestra que el diálogo técnico puede permitir acuerdos que protejan los intereses nacionales sin apartarse de los compromisos internacionales.
Finalmente, la Cámara aseguró que mediante la colaboración público-privada, es posible construir una legislación que fortalezca la reputación internacional de Panamá y preserve las ventajas competitivas del país.
