El vencimiento del Fondo Solidario de Vivienda en junio de este año, dejó a los constructores, promotores y desarrolladores de unidades habitacionales, además de a los ciudadanos que buscaban una vivienda, en el limbo.
Ante la falta de opciones para financiar el abono que se cubría con esos recursos, además del soporte financiero para proseguir con los proyectos, falta de pago de la deuda a los promotores y constructores, se reporta el cierre de 40% de las empresas del sector y en el interior del país el 80% de proyectos paralizados que abarcan al menos 90 desarrollos inmobiliarios en distintas fases de construcción, principalmente en las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera, Los Santos y Chiriquí.
Los promotores indican que la ausencia de recursos con los que el Estado otorgaba $10 mil para el abono inicial a las familias que optaban por una vivienda de entre $40 mil y $70 mil ha generado una gran incertidumbre y pérdida de empleos, así como falta de ingresos para los municipios donde se construían estos proyectos y una desinversión en muchas zonas.
Señalan que el financiamiento no solo se cerró por parte de la banca privada, sino también de la banca estatal —como el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros— que ha impuesto nuevos requisitos de ingreso salarial para poder optar por un crédito, excluyendo a muchas personas que no ganan lo suficiente.
Promotores de estas provincias señalaron que la incertidumbre no pasará hasta que se definan las vías de financiamiento y se aclare el futuro de la Ley de Interés Preferencial —que sigue vigente—, y que mientras eso sucede los bancos han optado por ser precavidos y cerrar o ser más restrictivos en el acceso al financiamiento debido a que no hay seguridad de si el Estado pagará o no la deuda que se tiene por el descuento en las tasas de interés que se cubren para financiar los créditos hipotecarios preferenciales.
Actualmente en el interior del país el 80% de los proyectos están paralizados, únicamente estamos entregando las viviendas que estaban listas para entrega, la producción ha sido detenida por completo desde hace más de 4 meses”, indican los promotores de Coclé, Veraguas, Herrera, Los Santos y Chiriquí.
— Proyectos paralizados desde hacer 4 meses
Diosa Cedeño, secretaria de la Asociación de Promotores de Vivienda de Azuero, detalló que al no contarse con el financiamiento de los $10 mil que daba el Gobierno como subsidio a la clase media para cubrir el abono inicial de estas unidades habitacionales y, además, cerrarse la aprobación de nuevos créditos con tasas de interés preferencial, estos proyectos se encuentran paralizados y las empresas suspendieron sus actividades o cerraron.
Sostuvo que esta situación ha provocado que en las cinco provincias mencionadas se perjudiquen los empleos. Detalló que de los 160 mil empleos que genera en todo el país el segmento de la construcción y las viviendas, corresponde al interior alrededor del 6%, equivalente a 9 mil 600 trabajadores, que en este momento están desempleados ante la suspensión y cierre de las obras.
A esto se suma que no se están recaudando los impuestos en los principales municipios, donde se ha reducido en 80% ese aporte, tanto de impuesto a la construcción como del Itbms.
Erick Girón, representante de la Asociación de Promotores de Vivienda Veragüenses, relató que en esa región 90% de los proyectos están paralizados y muchos clientes no han podido acceder a financiamiento estatal, debido a que han impuesto nuevos pisos de salario, de alrededor de $700 como mínimo.
“Muchas personas quedan descalificadas porque ganan por debajo de los $700 y no pueden acceder al financiamiento para las viviendas. La mayoría de las casas que estaban construidas tenían cartas promesa de clientes y algunos hasta habían comprado línea blanca y estaban listos para ocupar sus unidades”, lamentó Girón.
Expresó que los permisos de construcción y de ocupación en el distrito de Atalaya, por citar un ejemplo, se redujeron. “Entre 2023 y 2024 los permisos de construcción se redujeron 38% y los de ocupación disminuyeron 31% en lo que va del año. Entre julio y diciembre los de construcción disminuyeron 76% y los de ocupación descendieron 67%, es decir solo se ocupó el 33% de las viviendas”, apuntó y remarcó que esto representa una catástrofe para la economía de la región y de las familias.
Agregó que todos los segmentos de vivienda por precios están afectados pero la situación más grave es en el tramo de $40 mil a $70 mil que era donde se aplicaba la ayuda del Fondo Solidario de Vivienda.
En el caso de la provincia de Chiriquí reportan al menos 40 proyectos de vivienda que oscilaban entre los $45 mil y los $60 mil paralizados, indicó Carlos E. Troetsch, presidente de la Asociación de Promotores de Vivienda de Chiriquí.
Detalló que el 90% de lo que se estaba construyendo ya tenía clientes comprometidos, y aunque se les había aprobado el financiamiento por parte del Banco Nacional y la Caja de Ahorros, les notificaron posteriormente que se les rechazaba porque no cumplían con nuevos requisitos de salario exigidos para solicitar el préstamo.
“Están pidiendo que paguen el abono de $10 mil o si no que el salario sea mayor del que tenían, dejando a las familias sin opciones para poder adquirir sus viviendas”.
Los promotores indicaron que con las nuevas políticas de los bancos no hay opciones, ya que las personas deben ganar arriba de $2 mil y no tener otras deudas para poder aplicar; que deben tener ahorrado $5 mil para dar un abono inicial y esto sin contemplar un aproximado de $2 mil en gastos legales y la estabilidad laboral de más de dos años para poder aplicar al crédito.
Esperan reunirse con el Miviot mañana viernes
Los promotores de vivienda del interior hacen un llamado para que se acelere la discusión de la Ley de Interés Preferencial para buscar alternativas de financiamiento al segmento de unidades habitacionales de entre $40 mil y $70 mil.
Cedeño informó que el Ministerio de Vivienda y Reordenamiento Territorial (Miviot) fijó para este viernes 13 de diciembre una reunión de urgencia para tratar este tema. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, dijo a La Prensa que están analizando opciones ante el vencimiento del Fondo Solidario de Vivienda.
Además, los promotores de vivienda de Chiriquí, Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos remarcaron que a la fecha hay pagos pendientes de los años 2022 y 2023 por concepto del Fondo Solidario de vivienda.
“El volumen de expedientes es considerable, sabemos que están trabajando en ello, sin embargo, en alguna fase hay un retraso considerable que impide el avance en emisión de cartas promesas y ejecución de los pagos”, dijo Cedeño.